El capital industrial que opera en Argentina tiene, en términos generales, una baja productividad internacional. Es por ello que, salvo algunas excepciones –como pueden ser las empresas alimenticias o alguna firma dependiente del grupo Techint-, este capital orienta su producción fundamentalmente al mercado interno, espacio donde goza de importantes niveles de protección.
Históricamente, esta protección se materializó a través de aranceles a la importación, barreras no arancelarias –tales como cupos o directamente prohibiciones a la misma importación-, o mediante la subvaluación del tipo de cambio –básicamente, con un peso “devaluado” o un “dólar caro”-. Sin embargo, no siempre esta protección se ha mantenido en los mismos niveles.
En la década del 90’ se redujeron verticalmente los aranceles y las medidas no arancelarias, a la par que se produjo una sobrevaluación del tipo de cambio. Todo este proceso aperturista generó un importante ingreso de manufacturas importadas, lo que implicó que muchos industriales quedaran al borde de la quiebra, y que otros tantos directamente cerraran sus establecimientos.
Contrario a lo que intuitivamente se podría esperar, durante la mayor parte de los ’90, la Unión Industrial Argentina (UIA) –aquella entidad representativa del capital industrial- no solamente no se mostró opositora al menemismo, sino que inclusive, en el momento de mayor esplendor de la convertibilidad, llegó a promover la reelección de Menem.
La política de la UIA
Bajo el gobierno de Milei se da un proceso que, en lo que al capital industrial respecta, se repiten muchos de los principales rasgos de la convertibilidad. Al mismo tiempo que se reducen los aranceles y se sobrevalúa el peso –reduciendo así la protección comercial-, muchos empresarios industriales ven amenazada su propia supervivencia. Frente a esto, y nuevamente de manera contraintuitiva, la UIA expresa un apoyo general al programa macroeconómico de Milei, a la par que vehiculiza en términos amistosos algunas de sus demandas particulares hacia el mismo gobierno.
Visto en perspectiva, cabe preguntarse por qué la UIA, que es la mayor representación orgánica del capital industrial que opera en el país, apoyó y apoya programas económicos que, al menos a primera vista, van en contra de los intereses que la asociación empresarial dice defender.
Ante este interrogante, la primera respuesta que surge desde diversos planteos académicos señala que los empresarios industriales se vieron en los ’90 y se verían en la actualidad influidos por ciertos “marcos interpretativos” que, al estar ligados al liberalismo, los llevan a apoyar medidas de política económica contrarias a sus propios intereses.
Esta explicación presenta un argumento altamente subjetivista, ya que supone que estos empresarios orientan su acción priorizando sus ideales políticos por encima de su propia rentabilidad. Profundizando en el subjetivismo, este argumento suele complementarse con el señalamiento de que, a diferencia de otras burguesías industriales -como puede ser la brasileña o la alemana- los empresarios locales no expresan una vocación desarrollista, por lo que tienden a reproducir una conducta que además de ser irracional en términos económicos, se presenta como “especulativa” y “antinacional”.
Los jugadores
Una segunda explicación, que resuena tanto en los ámbitos académicos como en los debates políticos, plantea que en realidad el capital industrial apoyó a Menem y también apoya a Milei porque la UIA se encuentra dirigida por los grandes “jugadores” del sector, los cuales, además de profesar un liberalismo radical, resultan ser los beneficiarios directos de las políticas implementadas.
Esta segunda explicación, además de obviar las significativas pérdidas registradas en los últimos meses por muchas de las grandes empresas del rubro, supone que los pequeños y medianos capitales aceptan mansamente las decisiones de los grandes empresarios, sin importar que dichas decisiones vayan en contra de sus propios intereses.
Este planteo pierde de vista la composición del empresariado industrial afiliado a la UIA –el cual está nutrido principalmente por empresarios pymes- y el importantísimo rol que cumplen estos pequeños y medianos capitales tanto en las cámaras y en las federaciones que componen a la Unión Industrial como al interior de la misma entidad fabril.
Ante el voluntarismo de estos planteos, cabe repensar la cuestión contemplando los intereses materiales del nombrado empresariado industrial, para dar una respuesta consistente que pueda echar un poco de luz sobre la pregunta que da inicio a este artículo. A riesgo de pecar de ingenuos, como primer punto, es importante señalar que el capital industrial local, al igual que el resto del capital que opera en cualquier parte del mundo, tiene, ante todo, una relación antagónica con la clase trabajadora.
En este sentido, es lógico que, cuanto más barata y dócil sea la fuerza de trabajo, mejores serán sus ganancias. Es por ello que las reformas laborales implementadas y el consecuente disciplinamiento ejercido sobre la clase trabajadora y el movimiento obrero nos dan una primera aproximación para entender por qué hasta el más pequeño y bienintencionado de los empresarios pudo tener una mínima simpatía por el gobierno de Menem, y por qué ese mismo empresario puede mirar con cierto cariño a la gestión de Milei.
Como segundo elemento, existe una importante demanda que todo capital individual suele reclamar, y que, de una u otra manera, tanto Menem como Milei le han dado un lugar central en su programa de gobierno: la estabilidad. En este sentido, es bien sabido que para planificar la actividad empresarial, es necesario tener una mínima certidumbre sobre el futuro, y esto explica, de manera recurrente, buena parte de las decisiones de inversión y no pocas adhesiones políticas.
A partir de todo lo expuesto, se pueden entender las razones estructurales que alentaron la acción política del capital industrial, tanto durante la convertibilidad como a lo largo del todavía joven gobierno de Milei. No obstante, cabe profundizar la explicación y preguntarnos hasta cuándo este capital industrial continuará expresando su acuerdo general con el programa libertario o, como mínimo, hasta cuándo seguirá sin expresar abiertamente su oposición.
En este sentido, es esperable que dicha situación se mantenga vigente en tanto y en cuanto los mismos empresarios industriales sigan privilegiando mayoritariamente sus demandas de estabilidad macroeconómica y flexibilidad laboral por encima de sus necesidades de protección.
No obstante, esta situación puede cambiar de un momento a otro, sea por una modificación en las condiciones del comercio internacional que empeoren aún más la competitividad local -como fue la serie de devaluaciones de países emergentes a fines de los ’90-, o por la aparición de cualquier signo de desequilibrio macroeconómico o de debilidad política que amenacen la autoridad del gobierno.
Todo lo expuesto demuestra que, lejos de contar con la progresividad que algunos sectores le suelen asignar, el capital industrial es, en última instancia, un componente más de la clase capitalista que opera en Argentina, y que sus intereses materiales lo llevan de manera recurrente a apoyar todo proceso de ajuste que de una u otra manera recaiga sobre la clase trabajadora.
*Autor de Capital industrial y representación orgánica. La acción política de la UIA en la posconvertibilidad.
La nota original fue publicada en Página 12.
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