Lo que tenés que saber:
- SISVIAL recibió $1,5 billones entre 2024 y 2026
- Solo $394.406 millones se destinaron a obras viales
- Más de $1 billón está en títulos públicos y plazos fijos
- Economía y Vialidad deben informar en 3 días el uso de fondos
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Amparo judicial contra retención
La Justicia aceptó el amparo presentado por legisladores peronistas de Entre Ríos contra el Gobierno nacional. Los legisladores acusan al Estado de retener fondos del impuesto a los combustibles destinados a infraestructura vial. El juez federal Federico Martín ordenó al Ministerio de Economía y a Vialidad Nacional que informen el destino de estos recursos en tres días.
El amparo destaca que los fondos, por ley, deben destinarse a obras viales. Sin embargo, gran parte de ellos se mantienen en inversiones financieras. Esto genera inquietud sobre el verdadero uso de los recursos y el impacto en el mantenimiento de la infraestructura vial.
Destino de los fondos cuestionado
Entre enero de 2024 y mayo de 2026, el Sistema Vial Integrado (SISVIAL) recaudó más de $1,5 billones. De ese total, solo $394.406 millones se destinaron a obras viales. Esto significa que solo uno de cada cuatro pesos recaudados fue utilizado para su propósito original.
El resto de los fondos, más de $1 billón, permanece en títulos públicos y plazos fijos. Esta situación ha generado interrogantes sobre la gestión de los recursos y si realmente se están utilizando de manera eficiente para mejorar la infraestructura vial.
Impacto en las rutas entrerrianas
Los legisladores Adán Bahl, Guillermo Michel y Marianela Marclay exigen que se reactiven las obras en rutas nacionales clave de Entre Ríos, como las rutas 12, 14, 18, 127, 135 y 174. Argumentan que el desvío de fondos compromete el estado de estas rutas.
La falta de inversión en mantenimiento y mejora de las rutas afecta directamente a las pymes locales que dependen de una infraestructura vial eficiente para el transporte de sus productos. La situación actual podría incrementar los costos logísticos y afectar la competitividad de las empresas en la región.
Próximos pasos en la disputa legal
El Ministerio de Economía y Vialidad Nacional deben presentar un informe detallado sobre el uso de los fondos en un plazo de tres días. Esta respuesta será crucial para determinar si se han cumplido las obligaciones legales de destinar los recursos a infraestructura vial.
En paralelo, la reciente concesión de 276 kilómetros de rutas en Entre Ríos por parte del Gobierno no responde a las preguntas del amparo. Los legisladores insisten en que esta medida no resuelve el problema central: la falta de aplicación de los fondos recaudados en los últimos dos años.
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