El dato no es menor, porque el banco norteamericano es el que recomendó a sus inversores a hacer negocios con el “carry trade” en Argentina y a salir de la bicicleta financiera antes de las medidas adoptadas por el gobierno ultraderechista.
El discurso por cadena nacional del presidente Javier Milei, el viernes pasado, marcado por la judicialización de la política económica y la criminalización del déficit fiscal, dejó al descubierto una realidad poco comentada pero fundamental: casi todo el equipo económico que administra las finanzas nacionales proviene directamente del grupo financiero estadounidense J.P. Morgan.
Según publicó el portal Elargentinodiario.com.ar, mientras Milei anunciaba medidas duras y vetos para “proteger” a Argentina del “abismo económico”, la realidad detrás del gabinete económico revela un país gobernado desde las oficinas de Wall Street.
Más allá del discurso presidencial, y la pretendida defensa del supuesto equilibrio fiscal, el plantel económico del gobierno está integrado por ex empleados de J.P. Morgan con largos años en la institución financiera que domina los mercados globales.
“El único dato de la cadena nacional fue que menos el Presidente todos eran ex empleados del JP Morgan:
1. Caputo fue vicepresidente para América Latina en trading (1994-1998)
2. Daza fue director general de investigación de mercados emergentes (1992-2000)
3. Bausili fue director en mercados de capitales para Argentina, Chile y Perú (1996-2007)
4. Werning fue director ejecutivo para América Latina (1996-2016)
El equipo económico del gobierno nacional es una sucursal del grupo financiero y especulativo más grande de EEUU”, escribió un usuario en la red social X, dando cuenta de la sospechosa particularidad del equipo económico de Milei, un defensor a ultranza de la especulación financiera y el libre mercado.
Este perfil revela que el equipo económico no solo posee experiencia financiera, sino que directamente estaría representando los intereses y la lógica del capital financiero internacional, con décadas de conexión con una de las instituciones más poderosas de Wall Street. Como mínimo, habría un posible conflicto de intereses o sospechas de información privilegiada, toda vez que JP Morgan consigue jugosos dividendos a partir de medidas tomadas por Milei y este equipo económico.
En la cadena nacional, Milei apeló al argumento del déficit fiscal para justificar la política de ajuste y veto contra las jubilaciones y la emergencia en discapacidad, presentando una postura intransigente frente a cualquier gasto/inversión pública que no esté “respaldado”.
Sin embargo, los datos del Congreso y la Oficina de Presupuesto contradicen su versión: existen fuentes de financiamiento claras para proyectos sociales vetados, como aumentos jubilatorios o mejoras para personas con discapacidad. De hecho, el costo fiscal de la ley de emergencia en discapacidad es de entre el 0,22 y el 0,42% del PBI (Producto Bruto Interno) según la Oficina de Presupuesto del Congreso.
Mientras tanto, el Gobierno liberticida reduce impuestos y retenciones a los sectores más poderosos —incluyendo la eliminación del impuesto a Bienes Personales y bajas a retenciones para el campo y la minería—, favoreciendo a los grandes capitales, en especial a aquellos vinculados a las finanzas globales con las que el equipo económico estuvo o está claramente vinculado.
Este contexto plantea una pregunta inquietante: ¿quién gobierna realmente en Argentina? Mientras los discursos hablan de “responsabilidad fiscal” y “realismo económico”, la gestión materializa un ajuste que golpea a los sectores más vulnerables, al tiempo que privilegia a las grandes corporaciones y al capital financiero internacional.
El hecho de que el equipo económico provenga directamente de J.P. Morgan convierte al Ministerio de Economía en una especie de sucursal local del gigante financiero, orientando las políticas del país hacia los intereses del capital financiero especulativo. Como es de público conocimiento, JP Morgan recomendó invertir en “carry trade” cuando las políticas de Milei favorecieron esa especulación que se basa en comprar bonos en pesos, para venderlos y obtener un rédito mensual en dólares.
Así, el Gobierno judicializa la política y endurece el ajuste, la presencia corporativa en el poder se consolida, mostrando que el “no hay plata” para políticas sociales es una elección política, no una realidad económica inevitable.
La nota original fue publicada en Agencia Hoy.
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