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Lo que tenés que saber:
- Multas fiscales actuales alcanzan hasta $22.000.000
- Proyecto de ley ya ingresó al Senado
- Reducción del 50% si se regulariza en 15 días
- CAME reclama alivio para el sector pyme
En esta nota
Multas actuales y sus montos
El sistema actual de multas fiscales impone sanciones que pueden llegar hasta los $22.000.000 en casos de mayor gravedad. Para infracciones formales, las multas oscilan entre $5.000.000 y $10.000.000. Las sanciones materiales y a agentes de retención y percepción varían entre $150.000 y $35.000.000.
Estos montos son parte de la Ley de Inocencia Fiscal que actualizó las multas según el Índice de Precios al Consumidor y otros indicadores económicos. Sin embargo, el impacto económico para las pymes es significativo, dado el alto riesgo de incumplimiento por la cantidad de declaraciones exigidas.
Proyecto de ley en el Senado
El proyecto de ley presentado por la consultora tributaria Mirian Roldán busca reducir el impacto de las multas fiscales para pequeños contribuyentes y MiPyMES. Este proyecto ya ingresó al Senado y está en análisis parlamentario.
La propuesta incluye la atenuación de multas y ajustes en los parámetros establecidos por ARCA. Se espera que el Congreso de la Nación lo revise y mejore, considerando las necesidades actuales del sector empresarial.
Reducción y condiciones
El proyecto propone una reducción del 50% en las multas si el contribuyente regulariza su situación fiscal dentro de los 15 días posteriores al vencimiento del Período de Espera. Este período es un plazo que establece el organismo recaudador antes de aplicar sanciones.
Si el incumplimiento persiste después de agotar las instancias de regularización, se aplicaría la sanción plena. Este esquema busca ofrecer una oportunidad de alivio y fomentar el cumplimiento fiscal.
Reclamos y solicitudes de CAME
La Confederación Argentina de la Mediana Empresa (CAME) presentó un reclamo formal ante el Congreso para que se incorporen herramientas de alivio en la modificación de la Ley de Inocencia Fiscal. La CAME solicita la suspensión transitoria de ejecuciones fiscales y medidas cautelares.
Estas medidas cautelares, como embargos bancarios, asfixian la operativa diaria de las pymes, dificultando el pago de salarios, facturas y servicios esenciales. La propuesta es que haya un esquema gradual y razonable en el régimen infraccional.
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