Ley de Tierras: 80% de argentinos apoya límites a extranjeros
Iva
Lo que tenés que saber:
- 77% de encuestados apoya limitar compra de tierras por extranjeros
- La Ley 26.737 establece un tope del 15% para propiedad extranjera
- Macri flexibilizó la ley en 2016; Milei restableció límites en 2024
- El Senado debate la reforma que favorece a inversores extranjeros
En esta nota
Encuesta: apoyo a límites
Una encuesta de Zuban Córdoba revela que el 77% de los argentinos apoya limitar la compra de tierras por extranjeros. Solo el 16,7% está en contra, mientras que un 6,3% no tomó posición. Este dato refleja una tendencia clara en la opinión pública sobre la soberanía territorial.
El debate sobre la venta de tierras a extranjeros ha sido recurrente en distintas administraciones. La preocupación principal es la preservación de recursos estratégicos como el agua y los minerales.
Ley de Tierras 2011: objetivos y límites
La Ley 26.737, sancionada en 2011, establece que la propiedad extranjera no puede superar el 15% de las tierras rurales a nivel nacional, provincial y municipal. Además, limita a un 4,5% la concentración de tierras por ciudadanos de una misma nacionalidad.
Un mismo titular extranjero no puede adquirir más de 1000 hectáreas en la zona núcleo agrícola. La ley también prohíbe la compra de inmuebles con cuerpos de agua de envergadura.
Flexibilización y restablecimiento
En 2016, el gobierno de Mauricio Macri flexibilizó algunos aspectos de la ley mediante un decreto. Esto afectó la forma en que se computaba la participación extranjera. Sin embargo, en 2024, el presidente Javier Milei derogó ese decreto, restableciendo el criterio original de la ley de 2011.
Este restablecimiento busca proteger los recursos estratégicos del país y responde a las preocupaciones de la población sobre la soberanía territorial.
Reforma en discusión
El Senado debatirá un proyecto de reforma impulsado por el gobierno libertario, que busca modificar el régimen vigente sobre la propiedad de tierras rurales. La reforma favorece a grandes inversores extranjeros, lo que ha generado rechazo en la oposición y organizaciones sociales.
El proyecto, bajo el capítulo «Inviolabilidad de la propiedad privada», introduce cambios en el régimen de expropiaciones y la Ley de Manejo del Fuego, generando controversia en el ámbito político y social.
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