Imagen de La industria del juicio laboral mueve $4 millones por minuto y pone en alerta al sector privado
La “industria del juicio laboral” vuelve a estar en el centro del debate público y económico. Según datos difundidos recientemente, en la Argentina se presentan en promedio 1.000 demandas laborales por día hábil, lo que equivale a un costo de $4 millones por minuto. La cifra impacta de lleno en el entramado productivo y preocupa tanto a pymes como a grandes empresas.
El cálculo, realizado por la Unión de Aseguradoras de Riesgos del Trabajo (UART), estima que los juicios laborales en curso tienen un costo económico total cercano a los $6 billones. Esta dinámica, sostienen, desalienta la creación de empleo formal y genera un clima de incertidumbre legal que afecta la inversión privada.
En ese marco, representantes del sector empresario insisten en la necesidad de avanzar con una reforma integral del sistema. “El régimen actual genera incentivos para litigar, en lugar de resolver conflictos de manera ágil. Además, las demoras judiciales y los intereses acumulados terminan distorsionando cualquier criterio de justicia”, afirmaron desde una cámara industrial.
Uno de los puntos más cuestionados es la llamada “doble vía”, que permite iniciar un juicio laboral incluso después de cobrar una indemnización. También se apunta contra los altos costos de las ART y la falta de celeridad en los tribunales. Desde el ámbito empresarial destacan que, en muchos casos, las demandas terminan perjudicando tanto a empleadores como a trabajadores que necesitan una respuesta rápida.
El diagnóstico coincide con los reclamos que vienen planteando desde hace años distintos actores del mundo pyme. “Con este nivel de litigiosidad es muy difícil contratar. Cualquier error administrativo puede terminar en una demanda millonaria”, sostuvo un empresario del rubro gastronómico.
Si bien el Gobierno nacional ha manifestado su intención de avanzar con cambios en el sistema laboral, todavía no se han conocido detalles concretos sobre posibles modificaciones. Mientras tanto, el peso de la conflictividad judicial sigue recayendo sobre el tejido productivo.
Fuente: La Nación
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