El presidente del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI), Daniel Afione, presentó su renuncia al cargo, en un contexto de fuertes acusaciones por vaciamiento del organismo, conflictos de interés y un duro enfrentamiento con los trabajadores. Aunque la dimisión fue formalizada, fuentes gremiales aseguran que fue "intimado a abandonar sus funciones".
La nota oficial, dirigida al secretario de Comercio, Pablo Lavigne, establece la renuncia a partir del 1 de septiembre de 2025, siendo el 31 de agosto su último día en el cargo. En el texto, Afione agradece la confianza otorgada para la función a la que fue designado mediante el Decreto N°126/2024.
Renunció el presidente del INTI, en medio de una fuerte controversia
El exdirectivo de Toyota, que fue nombrado por la gestión libertaria, deja su puesto tras 18 meses de una gestión marcada por la controversia. Durante su mandato, fue señalado como el responsable de un "proceso de vaciamiento institucional" que resultó en la pérdida de 750 puestos de trabajo entre técnicos, profesionales y administrativos.
Además, un informe televisivo reveló que Afione atendía "de los dos lados del mostrador", ya que también se desempeña como vicepresidente de AITA, una consultora que presta servicios que compiten directamente con los del INTI, lo que constituye un claro caso de incompatibilidad.
Desde la Multisectorial del INTI vincularon su salida a la reciente victoria de los trabajadores al "lograr derogar el Decreto 462/25, que ponía en jaque la existencia misma del Instituto". Asimismo, advirtieron que quien asuma la presidencia deberá dar una rápida respuesta al pliego de reclamos, que incluye "sueldos hiperretrasados, la carrera laboral congelada, la precarización de compañeras y compañeros monotributistas" y la no renovación de becas.
La Justicia suspendió los cambios impulsados por el Gobierno en el INTI
A fines de julio, el Juzgado Federal en lo Civil, Comercial y Contencioso Administrativo de San Martín N.º 2 hizo lugar a una medida cautelar solicitada por la Asociación de Trabajadores del Estado (ATE) y ordenó al Estado Nacional abstenerse de ejecutar actos administrativos derivados del Decreto 462/2025, que preveía una reestructuración del Instituto Nacional de Tecnología Industrial (INTI).
La jueza Martina Isabel Forns dictó la medida cautelar de no innovar, con una vigencia de seis meses, con el objetivo de "evitar perjuicios irreparables y preservar el statu quo hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo".
El fallo prohíbe expresamente al Gobierno avanzar con reubicaciones, traslados, cesantías, suspensiones, pases a disponibilidad o supresión de estructuras vinculadas al organismo, en tanto puedan derivar de la aplicación del decreto mencionado.
Entre los fundamentos jurídicos destacados, la jueza consideró que:
- Se verifican los requisitos procesales para la medida cautelar: verosimilitud del derecho y peligro en la demora.
- El INTI es una entidad autárquica creada por Decreto-Ley 17.138/57 con funciones estratégicas en desarrollo tecnológico e industrial.
- El artículo 7 de la Ley de Contrato de Trabajo y los convenios colectivos vigentes (en particular, el CCT N.º 109/07) garantizan condiciones laborales que no pueden ser modificadas unilateralmente por la administración.
- Los artículos 73 y 74 del decreto imponen condiciones que subordinan los derechos laborales del personal del INTI a decisiones discrecionales de la Secretaría de Transformación del Estado.
- El decreto podría vulnerar convenios internacionales de la OIT con jerarquía constitucional (n.º 87, 98 y 151), en relación a la estabilidad laboral y la negociación colectiva.
- El decreto produce un riesgo concreto e inminente de despidos o alteraciones en las condiciones de trabajo, lo cual compromete derechos con carácter alimentario y exige una respuesta judicial preventiva.
El Decreto 462/2025, impulsado por el Poder Ejecutivo, proponía convertir al INTI en una "unidad organizativa dependiente" de la Secretaría de Industria y Comercio, suprimiendo su autarquía, su estructura directiva y su personería jurídica. También establecía que todos los ingresos propios del instituto (tasas, aranceles, patentes, etc.) serían transferidos al Tesoro Nacional.
La nota original fue publicada en iProfesional.
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