Ciudad, ciudad
Lo que tenés que saber:
- La Ciudad implementa 6 etapas de evaluación para nuevos trámites
- La Resolución 59/SSIN/26 fue publicada el 24 de agosto
- Se calcula el costo de oportunidad por días de inactividad
- La metodología se basa en el Standard Cost Model (SCM)
En esta nota
Nuevos filtros para trámites
El Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires estableció un nuevo filtro para la creación y modificación de trámites. Cada organismo debe justificar la necesidad de una regulación y analizar alternativas menos costosas. Además, deben calcular el tiempo y dinero que demandará a las empresas.
Este cambio, establecido mediante la Resolución 59/SSIN/26, introduce seis etapas de evaluación para aprobar trámites que afecten a las actividades económicas. La norma busca evitar trabas innecesarias que impacten en la productividad empresarial.
Impacto económico evaluado
La normativa obliga a medir el impacto económico de cualquier exigencia nueva. Esto incluye no solo tasas y gastos administrativos, sino también documentación, honorarios profesionales, seguros, capacitaciones y reformas necesarias.
El cálculo se basa en el Standard Cost Model (SCM), permitiendo a las empresas conocer el costo real de cumplir con las nuevas regulaciones. El objetivo es evitar que las exigencias burocráticas frenen la actividad económica.
Costo de oportunidad considerado
Un aspecto clave es el «costo de oportunidad». Se calcula el valor económico que una empresa deja de generar mientras cumple con requisitos estatales. Este costo se estima dividiendo el valor agregado anual por 365 días y multiplicando por los días de inactividad.
Este enfoque asegura que el tiempo que el Estado demora en responder también sea contabilizado, evitando que las empresas asuman todos los costos de la burocracia.
Proyección del costo agregado
El organismo que impulse una regulación debe calcular el «Costo Agregado», proyectando el impacto sobre todas las empresas afectadas. Esto implica estimar cuántas empresas deberán adaptarse de inmediato y cuántas anualmente.
El resultado mostrará cuánto cuesta cumplir una regulación para una empresa y su impacto económico total. Las obligaciones previas no serán consideradas en este cálculo, asegurando que solo las nuevas exigencias sean evaluadas.
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