El regreso de los derechos de exportación genera malestar en el sector agropecuario.
«El agro demuestra una vez más el enorme potencial que tiene si los gobiernos deciden eliminar retenciones. Sigamos trabajando para alcanzar la eliminación permanente de las mismas y liberar así toda la fuerza productiva y exportadora del país».
Con esa frase, la Cámara de la Industria Aceitera (CIARA) celebró los resultados de la fugaz y pasajera quita de retenciones al complejo granario, enmarcada en el decreto 682/2025, que volvió a foja luego de que ayer se alcanzara el cupo de 7.000 millones de dólares. Se trata de una de las pocas expresiones de algarabía en el sector, donde por estas horas priman reacciones más bien contrarias.
«Es una medida tomada no pesando en el sector productivo ni incentivando a la producción agropecuaria. Es de corte netamente económico y por las necesidades del país, que además perjudica al sector porque sigue generando imprevisibilidad. No nos dan a los productores la potestad de decidir y planificar mejor», señaló Andrea Sarnari, presidenta de Federación Agraria Argentina (FAA), en el inicio del Congreso Anual Ordinario de esa entidad.
«Claramente no fuimos los beneficiarios de esa medida, porque los productores pequeños y medianos ya no teníamos la cosecha del año pasado. Y alguno que podía tener algún grano todavía reservado, tampoco pudo ser beneficiario en tan corto plazo. La medida ni siquiera pasó cerca de la tranquera», dijo la ruralista.
A continuación, y evitando antagonizar con los exportadores, sostuvo: «No se trata de una disputa entre sectores de la cadena, creo que se trata de exigirle al Estado que determine medidas y políticas públicas que sean previsibles para todos. Lo que necesitamos es que haya claridad, para que la cadena también tenga claridad intracadena».
En esta línea, desde la Sociedad Rural de Rosario indicaron en un comunicado que «si bien públicamente se presentó como una herramienta destinada a incentivar la liquidación del sector agropecuario en su conjunto, la realidad fue distinta: El cupo se agotó en muy pocas horas, concentrándose en manos de un grupo reducido de grandes exportadores».
«En lugar de ser un ‘guiño al campo’, la medida generó desequilibrios, exclusión y malestar en quienes sostienen la producción día a día», puntualizaron.
El mensaje fue más concreto de parte del secretario del gobierno de Santa Fe, Juan Cruz Cándido, quien en sus redes sociales exclamó: «El gobierno nacional se volvió a burlar de los chacareros».
Desde Córdoba, el ministro de Bioagroindustria, Sergio Busso, apuntó contra el gobierno: «La medida duró menos de 3 días, benefició a exportadores, fue electoralista y de caja. Y se mantiene la misma presión fiscal».
«Seguimos reclamando la eliminación gradual en un plazo de 2 años, reglas de juego claras y previsibles», añadió luego.
Por su parte Marco Giraudo, ex presidente de la filial cordobesa de Coninagro, mencionó: «En tres días los exportadores fijaron derechos de exportación por U$S 7.000 millones. No fuimos los productores agropecuarios. Que este negocio, que hoy es solo de exportadores y del Estado, se traslade y se derrame en las zonas productivas!».
También se pronunció el ex jefe de gabinete del ex ministerio de Agroindustria, que lamentó: «Enorme transferencia de recursos del chacarero a pocos exportadores. Un brete armado vía resoluciones. Para los que somos liberales y creemos en los mercados libres, nos cuesta entender este tipo de medida intempestiva y apuntada solamente a un sector (nunca a minería/ Energía)».
Estas expresiones se suman a las del presidente de la Sociedad Rural Argentina, Nicolás Pino, quien durante una entrevista con Radio Mitre mostró su sorpresa con la poca duración de la medida y dijo: «Déjenme pensar que la intención era otra porque sino la frustración va a ser grande».
El programa de Paisajes Productivos Protegidos (PPP) es implementado desde 2010 por la fundación ProYungas de la mano de empresas privadas en Argentina, Paraguay, Bolivia y Chile. El objetivo de la iniciativa es reservar zonas de conservación dentro de las explotaciones para generar a cambio mayor valor agregado en la producción y hasta alianzas que permitan el acceso a vías de financiamiento.
Como lo lleva a cabo el sector privado, no necesita de aportes del Estado, que igualmente puede verse beneficiado de esa iniciativa. Eso es lo que buscan en la subsecretaría de Ambiente de la Nación, desde donde impulsan el reconocimiento del PPP como parte del cumplimiento argentino de la Agenda 2030.
En particular, la cartera que dirige Fernando Brom evalúa que el programa de ProYungas puede ayudar al país a cumplir específicamente con uno de esos objetivos ambientales, la Meta 30×30.
Se trata de una de las 23 metas que 190 países asumieron como compromiso en el Marco Mundial de Biodiversidad de Kunming-Montreal en 2022, y que tiene como propósito conservar el 30 % de la superficie terrestre y marina para 2030.
Según informaron desde la subsecretaría de Ambiente, la idea es «alcanzar 10 millones de hectáreas bajo el esquema PPP en Argentina, lo que equivaldría a un aporte adicional de 6 millones de hectáreas y representaría el 14 % de la meta nacional de conservación».
Y eso, con costo cero, ya que la adhesión de las empresas productoras de granos, frutas, forestación, ganado, azúcar, lácteos y demás es voluntaria. La motivación está en que se puede convertir la conservación de la diversidad en valor económico, demostrando además que ser sustentable no es necesariamente poco rentable, sino todo lo contrario.
En ese esquema, los llamados «bonos verdes», el financiamiento internacional o el plus de valor con certificaciones ligadas a ciertas normativas globales -como lo será, a futuro, la famosa resolución de la Unión Europea- son un importante incentivo.
El anuncio de este trabajo conjunto con el programa de ProYungas fue realizado en el cuarto Encuentro Anual Regional de la Red PPP, que tuvo lugar en Corrientes y reunió a empresas, especialistas académicos y organizaciones de la sociedad civil. «Producción y conservación no son opuestos, sino que juntos son motores del desarrollo sostenible», aseguró allí el director nacional de Recursos Naturales, Octavio Pérez Pardo.
La nota original fue publicada en Bichos de Campo.
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