El Consejo se propone construir una agenda legislativa de largo plazo basada en los diez puntos del Pacto de Mayo: equilibrio fiscal, reforma laboral y previsional, reducción del gasto público, entre otros. Sin embargo, la viabilidad de esos acuerdos genera escepticismo incluso entre los participantes.
En su primera reunión formal, el Consejo reunió a figuras como Federico Sturzenegger, los legisladores Carolina Losada y Cristian Ritondo, el gobernador mendocino Alfredo Cornejo, el dirigente de la CGT Gerardo Martínez, y el empresario Martín Rappallini por la UIA. Mientras desde la Unión Industrial Argentina hablaron de «modernización laboral» y «reforma fiscal» como prioridades, desde el sindicalismo insistieron en que cualquier cambio deberá contemplar «la formalización, el empleo y la productividad con justicia social». En otras palabras, no hay acuerdo real sobre el alcance de las reformas, y las posiciones parecen más protocolarias que programáticas.
El cronograma prevé reuniones mensuales hasta diciembre, cuando se elaboraría un documento final que el Ejecutivo aspira a enviar al Congreso. Pero los antecedentes de mesas de diálogo social en Argentina obligan a preguntarse si este Consejo no corre el riesgo de transformarse en una instancia simbólica sin impacto concreto.
Además, ninguna de las partes ha explicitado cuál será el mecanismo para resolver disensos, ni qué tipo de compromisos asumirán los actores en caso de que no se logre consenso en temas clave como la reforma laboral o el esquema tributario. En ese contexto, la falta de garantías jurídicas y políticas puede desactivar el proceso antes de que llegue al Congreso.
El Gobierno apuesta a mostrar voluntad de diálogo institucional con este espacio. Sin embargo, en los hechos, la narrativa del consenso choca con realidades estructurales: los gremios aún no conocen el proyecto de reforma laboral que impulsa Sturzenegger, y los empresarios mantienen una agenda centrada en la baja de impuestos y la flexibilización.
El riesgo no es solo el fracaso del Consejo, sino que se utilice para legitimar medidas unilaterales en nombre de un consenso que nunca fue plenamente alcanzado.
Fuente: Ámbito
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