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Lo que tenés que saber:
- La Justicia dio 5 días al Ministerio de Justicia para informar
- El fallo responde a la Defensoría del Pueblo bonaerense
- La ley de tierras rurales fue derogada por DNU 70/2023
- Riesgo ambiental tras eliminar topes a tierras extranjeras
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Plazo para el informe
La Justicia intimó al Ministerio de Justicia a presentar un informe sobre la cantidad de tierras en manos extranjeras en Buenos Aires en un plazo de cinco días. Esta medida busca esclarecer la extensión y localización exacta de las propiedades.
El Juzgado en lo Contencioso Administrativo N° 4 de La Plata, liderado por la jueza Güendalina Sessarego, dictó esta medida cautelar tras una solicitud de la Defensoría del Pueblo bonaerense. El objetivo es resguardar la información registral acumulada sobre el suelo rural.
Impacto de la derogación de la Ley de Tierras
La derogación de la Ley de Tierras Rurales N° 26.737 mediante el DNU 70/2023 ha generado un nuevo escenario regulatorio. La norma, que limitaba al 15% la titularidad extranjera de tierras rurales, fue eliminada al inicio de la gestión de Javier Milei.
La Corte Suprema de Justicia de la Nación ratificó la eliminación de la ley al revocar un fallo que había suspendido el decreto. Esto deja sin efecto los controles y topes a la venta de campos a extranjeros, generando incertidumbre sobre la soberanía del suelo y recursos naturales.
Riesgo ambiental y control de recursos
La Defensoría del Pueblo bonaerense, encabezada por Guido Lorenzino, advierte sobre las graves consecuencias de la falta de mecanismos de control. La eliminación de los topes a la venta de tierras extranjeras pone en riesgo la protección ambiental en zonas como Campana y Zárate.
La falta de supervisión directa expone el conocimiento del territorio, afectando la sustentabilidad ambiental y los derechos de futuras generaciones. Lorenzino enfatiza la importancia de proteger la información pública para garantizar un desarrollo sostenible.
Preservación registral y sustentabilidad
La jueza Sessarego subraya la importancia de salvaguardar los registros desde 2011. Cualquier pérdida o alteración de esta información podría dañar irreversiblemente la planificación territorial y el desarrollo sostenible de Buenos Aires.
La medida cautelar impone al Ministerio de Justicia la obligación de conservar toda la documentación relevante recolectada en los últimos 15 años, evitando un vaciamiento informativo que podría tener consecuencias ambientales, sociales y económicas en la provincia.
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