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Lo que tenés que saber:
- El empleo privado formal cayó en 240.000 puestos entre 2023 y 2026
- La informalidad laboral aumentó del 41% al 44,2% hasta 2023
- Industria y construcción: sectores más golpeados por la caída
- La capacidad instalada industrial solo usa 60% de sus recursos
En esta nota
Empleo formal en retroceso
En los últimos tres años, el empleo privado formal sufrió una caída de 240.000 puestos. Esta tendencia se presenta en un contexto de crecimiento económico del 5,3%, lo que resalta la contradicción entre el crecimiento del PBI y la pérdida de empleos de calidad. La informalidad, por su parte, aumentó del 41% al 44,2%.
La industria, la construcción y el comercio, que representan casi el 40% del empleo total, están entre los sectores más afectados. La precarización laboral se ha profundizado, con empleos de menor calidad reemplazando a los formales.
Reforma laboral y sus límites
La reforma laboral, introducida a principios de 2023, buscaba abaratar las contrataciones y despidos, pero no ha generado una demanda significativa de trabajo. La informalidad sigue en aumento, con 80.000 empleos públicos perdidos y 160.000 altas de monotributo registradas.
Las medidas como el período de prueba extendido y el banco de horas han sido aprovechadas por las empresas, pero no han logrado revertir la tendencia de precarización y alta rotación laboral.
Capacidad industrial subutilizada
La industria argentina opera con solo 60% de su capacidad instalada, lo que indica que el problema no es solo el costo laboral, sino la falta de demanda. Esta situación limita la creación de nuevos empleos, ya que las empresas no ven incentivos para expandirse.
La sustitución de empleos estables por contratos más flexibles y la tercerización son prácticas comunes, pero no suficientes para revertir la caída en el empleo formal.
Litigiosidad laboral en aumento
Los juicios laborales siguen en aumento, a pesar de la nueva legislación. En provincias como Santa Fe, se proyectan 349 juicios cada 10.000 trabajadores, superando el promedio nacional de 138. Sin acuerdos provinciales, las reformas nacionales no logran frenar esta tendencia.
El problema de fondo no reside en las leyes, sino en los incentivos del sistema judicial, que fomentan la litigiosidad en lugar de reducirla.
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