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Lo que tenés que saber:
- Decreto 295/26 exige registro de celulares usados desde agosto
- En 2025, hubo 99.710 robos en CABA, un 24% menos que en 2024
- Comercios deben registrar IMEI y origen antes de vender o reparar
- AGC podrá clausurar locales por incumplimientos en el registro
En esta nota
Nueva ley: qué implica para los comercios
El Decreto 295/26, firmado por Jorge Macri, establece un control riguroso sobre el comercio de celulares usados en la Ciudad de Buenos Aires. A partir de ahora, los comercios deben registrar el IMEI y el origen de cada celular antes de venderlo o repararlo. Este sistema busca frenar la reventa de dispositivos robados y asegurar la trazabilidad de cada equipo.
La medida afecta a todos los establecimientos que comercialicen o reparen celulares usados, incluidas sus partes y repuestos. La inscripción en un nuevo registro es ahora indispensable para operar legalmente, y los datos deben revalidarse anualmente.
Impacto en las estadísticas de robos
En 2025, se registraron 99.710 robos y hurtos en la Ciudad de Buenos Aires, lo que representa una caída del 24% respecto al año anterior. A pesar de esta disminución, el promedio mensual de robos sigue siendo alto, con 8.309 casos por mes. Los celulares, debido a su alto valor de reventa, son un objetivo frecuente.
El gobierno de la Ciudad busca reducir estos números atacando el mercado secundario de celulares robados. La nueva legislación es un intento de cortar el circuito de reventa y reparación ilegal de estos dispositivos.
Registro y trazabilidad: cómo funciona
El nuevo sistema de registro exige que cada celular que ingrese al mercado sea identificado por su IMEI y otros datos como número de serie, marca, modelo y estado. Los comercios deben documentar la legítima tenencia y procedencia de cada dispositivo y sus partes antes de incorporarlos al stock o servicio.
Este proceso debe realizarse antes de cualquier operación, y cada movimiento, ya sea venta, reparación o baja, debe registrarse inmediatamente. La Agencia Gubernamental de Control (AGC) supervisará el cumplimiento y podrá clausurar locales que no sigan estas normas.
AGC y sanciones: qué riesgos enfrentan los comercios
La AGC tiene la potestad de realizar inspecciones y clausurar establecimientos que no cumplan con los requisitos de registro. Si un dispositivo aparece como denunciado o vinculado a un delito, los comercios deben detener la operación y notificar a las autoridades.
Además, la AGC podrá cooperar con ENACOM y otras entidades para verificar la información proporcionada por los comercios. Las sanciones pueden incluir desde multas hasta el cierre definitivo del local.
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