SanCor y sus expresidentes enfrentan acusaciones de evasión fiscal
La justicia de Rafaela imputó a José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez por presunta evasión de $1.644 millones en SanCor, que suma conflictos con ATILRA.
El Juzgado Federal de Rafaela, en la provincia de Santa Fe, citó a declaración indagatoria a los expresidentes de SanCor, José Pablo Gastaldi y Alberto Eduardo Sánchez, para el 12 de noviembre de 2025.
Sancor y una causa judicial que profundiza su crisis
La causa judicial, caratulada "SanCor Cooperativas Unidas Limitada y otros sobre infracción Ley 27.430", investiga una presunta evasión de aportes y contribuciones que asciende a $1.644.440.882,68 durante 32 períodos fiscales. En este contexto, el conflicto con la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera (ATILRA) mantiene su tensión.
La investigación por evasión fiscal en la cooperativa
El Ministerio Público Fiscal sostiene que los expresidentes, en su función dentro del Consejo de Administración de SanCor, presuntamente cometieron el delito de apropiación indebida de recursos de la seguridad social, en el marco del artículo 7 del Régimen Penal Tributario (Ley 27.430).
Esta acusación se fundamenta en denuncias presentadas por trabajadores de la firma y en pruebas recolectadas por la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) a través de su Área de Control de Auditoría (ARCA) y el Instituto Nacional de Asociativismo y Economía Social (INAES). Los datos revelan irregularidades en la retención y la falta de depósito de los aportes destinados al sistema previsional.
La situación de SanCor se complica aún más, ya que la cooperativa tramita un concurso preventivo ante el Juzgado de Primera Instancia de Distrito N° 5 en lo Civil y Comercial de Rafaela. Más de 400 trabajadores denunciaron que las maniobras fraudulentas continúan bajo la actual conducción, liderada por Oscar Juan Sapino.
Presentaron como evidencia recibos de sueldos y constancias que prueban la falta de depósito de los montos retenidos, además de un informe del Comité Provisorio de Control que expuso la no transferencia de fondos a las cuentas de la obra social, el sindicato y la mutual. Estas denuncias obligan al juez del concurso a notificar al Juzgado Federal sobre la presunta evasión fiscal, mientras avanza una investigación por un posible concurso fraudulento que involucra a la cooperativa.
Conflicto con el gremio: ATILRA redobla la lucha
En paralelo a esta tormenta judicial, la Asociación de Trabajadores de la Industria Lechera de la República Argentina (ATILRA) endureció su postura contra SanCor Cooperativas Unidas Limitada. Recientemente, más de 600 trabajadores, afiliados al gremio, se movilizaron hasta el juzgado para rechazar el "Plan de Crisis" propuesto por la empresa. En su lugar, respaldaron el pedido de quiebra con continuidad productiva.
Esta acción, que contó con el apoyo de delegados nacionales y del Consejo Directivo de ATILRA, responde a una deuda acumulada de cinco meses de sueldos y a la propuesta empresarial de despedir a 304 trabajadores adicionales.
Esta cifra se suma a los más de mil desvinculados desde el año 2019. Los representantes de ATILRA declararon que "marchamos por nuestros derechos, nuestras familias y la justicia", y enfatizaron que el plan de crisis es inaceptable, ya que admite la falta de financiamiento para obligaciones básicas como salarios, aguinaldos y cobertura de salud. El sindicato impulsó más de 300 pedidos de quiebra, exigiendo una resolución judicial que asegure la continuidad operativa y el pago inmediato de las deudas salariales. La audiencia, que involucra al juez, la sindicatura y el Comité Provisorio de Control, debate el futuro incierto de esta emblemática cooperativa láctea.
La nota original fue publicada en iProfesional.
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