Iva, Aysa, iva, aysa
Lo que tenés que saber:
- AGN auditará la privatización de AySA antes de marzo 2027
- La auditoría incluirá gestión, finanzas y cumplimiento
- El proceso involucra decretos y resoluciones desde 2024
- AGN también revisará la Hidrovía y Aeropuertos Argentina
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Auditoría AySA: fechas y alcance
La Comisión Parlamentaria Mixta Revisora de Cuentas solicitó a la Auditoría General de la Nación (AGN) una revisión exhaustiva de la privatización de Aguas y Saneamientos Argentinos S.A. (AySA). El objetivo es analizar la gestión, las finanzas y el cumplimiento del proceso de venta total de las acciones estatales. El informe final debe presentarse antes del 1° de marzo de 2027.
Este pedido busca asegurar que el proceso cumpla con todas las normativas vigentes. Se espera que la auditoría incluya un análisis detallado de los decretos y resoluciones emitidos desde 2024 hasta la fecha.
Procesos regulatorios involucrados
El legislador Guillermo Michel, autor de la solicitud, detalló el marco normativo que permitió la privatización de AySA. Esto incluye el uso de decretos como el N°695/2024 y resoluciones del Ministerio de Economía, como la N°1.198/2025. Estas normativas establecen las reglas para la venta de acciones del Estado en la empresa de agua.
La auditoría también revisará cómo estas normativas impactaron en el proceso de privatización y si se cumplieron todos los requisitos legales. Esto es crucial para entender el alcance y la legitimidad del proceso.
Otros frentes de control
Además de AySA, la AGN ya tiene en marcha auditorías sobre la licitación de la Hidrovía y la concesión a Aeropuertos Argentina. Estas auditorías se realizan en el contexto del Programa de Acción Anual 2027 y buscan asegurar la transparencia en la gestión de recursos públicos.
Estas revisiones incluyen, por ejemplo, el análisis de actas secretas relacionadas con la prórroga de concesiones y la evaluación de procesos licitatorios recientes.
Implicaciones para el sector público
La auditoría de AySA y otros proyectos similares reflejan un esfuerzo por parte del Estado para reforzar la transparencia y el control en la gestión de empresas públicas. Este tipo de revisiones son fundamentales para garantizar que los procesos de privatización y concesión se realicen de manera justa y legal.
Para las pymes que dependen de servicios públicos, estos controles pueden influir en la estabilidad y confiabilidad de los servicios ofrecidos, impactando en sus operaciones diarias.
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