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Por Leo Bilanski, Director de Mundo Empresarial
Si Estados Unidos entendió que una empresa endeudada no es necesariamente una empresa inviable, ¿por qué la Argentina sigue obligando a sus PyMEs a elegir entre sobrevivir como puedan o llegar prácticamente destruidas al concurso?
Después de quince años de estancamiento empresarial y más de 31.000 empleadores menos desde noviembre de 2023, el Congreso tiene una deuda que ya no puede seguir ignorando.
Hay algo que hace tiempo me preocupa más que cualquier cifra aislada de inflación, actividad económica o riesgo país: la Argentina tiene enormes dificultades para crear, desarrollar y sostener empresas.
Y un país sin empresas no tiene capitalismo.
Puede tener mercado financiero. Puede tener importadores. Puede tener grandes corporaciones. Puede tener emprendedores individuales tratando de sobrevivir. Pero una economía capitalista desarrollada necesita miles y miles de empresas que nazcan, crezcan, inviertan, contraten trabajadores, se equivoquen, atraviesen crisis, se reorganizen y vuelvan a crecer.
En Argentina, cuando una PyME se equivoca o atraviesa una crisis financiera importante, demasiadas veces el sistema le ofrece dos alternativas: arreglate solo o empezá a pensar en el concurso preventivo.
Y cuando llega al concurso, muchas veces ya llega tarde.
El último informe del Centro CEPA, elaborado sobre información de la Superintendencia de Riesgos del Trabajo, muestra que entre noviembre de 2023 y junio de 2026 la cantidad de empleadores registrados pasó de 512.357 a 481.724: 31.342 empleadores menos. El propio informe lo expresa como un promedio de 33 menos por día.
Hay que hacer una aclaración importante: técnicamente, una baja del registro de la SRT no equivale necesariamente a la quiebra o cierre definitivo de una empresa. La propia SRT advierte que las variaciones pueden responder a rescisiones de afiliación, ausencia transitoria de trabajadores declarados u otras situaciones operativas o administrativas.
Fuente metodológica: Superintendencia de Riesgos del Trabajo, "Serie histórica de unidades productivas". La SRT informa para junio de 2026 481.015 empleadores con trabajadores declarados en unidades productivas; las diferencias entre publicaciones pueden responder a rectificaciones posteriores de las declaraciones juradas. srt.gob.ar
Pero el fenómeno agregado existe y es preocupante.
Y sería demasiado cómodo atribuírselo solamente a Javier Milei.
El problema argentino es bastante más profundo.
Argentina viene arrastrando desde hace aproximadamente una década y media enormes dificultades para expandir de manera sostenida su entramado empresario.
La medición exacta depende de qué universo estadístico tomemos -empresas privadas del SIPA, empleadores registrados o unidades productivas cubiertas por la SRT- y no corresponde mezclar series como si fueran idénticas. El OEDE dispone de series históricas de empresas privadas y la SRT mantiene su propia serie de unidades productivas.
Fuentes estadísticas de referencia: Observatorio de Empleo y Dinámica Empresarial (OEDE), serie de empresas privadas activas en SIPA 1996-2016, disponible en Datos Argentina; y Superintendencia de Riesgos del Trabajo, series históricas de cobertura. datos.gob.ar | srt.gob.ar
Pero detrás de las diferencias metodológicas aparece una discusión que la Argentina viene postergando desde hace demasiado tiempo:
¿Por qué somos un país tan hostil con el empresario que fracasa?
Y, sobre todo:
¿Por qué confundimos una empresa financieramente quebrada con una empresa económicamente inviable?
No son lo mismo.
Una fábrica puede tener clientes, trabajadores capacitados, máquinas, conocimiento, proveedores y un producto competitivo y, al mismo tiempo, haber quedado atrapada en una deuda bancaria imposible de refinanciar.
Un comercio puede funcionar perfectamente en diez sucursales y perder dinero en otras cuatro.
Una empresa puede haberse endeudado en un momento determinado, sufrir una caída brutal de ventas y necesitar doce meses para reordenarse.
¿Tenemos que destruirla?
El capitalismo norteamericano entendió algo que nosotros todavía discutimos
La reciente presentación judicial de un importante franquiciado de Wendy's en Estados Unidos volvió a poner sobre la mesa una institución muy interesante del capitalismo norteamericano: el Chapter 11.
No es un subsidio.
No significa que el Estado le pague las deudas al empresario.
No significa premiar al que administró mal.
Es un mecanismo judicial para intentar reorganizar una empresa antes de liquidarla.
Y Estados Unidos fue todavía más lejos. En 2019 sancionó la Small Business Reorganization Act, que creó el Subchapter V del Chapter 11, vigente desde 2020 y específicamente orientado a determinados pequeños negocios. El régimen impone plazos más cortos para los planes de reorganización, permite mayor flexibilidad en la negociación y elimina ciertas cargas del Chapter 11 tradicional. Para casos iniciados desde el 21 de junio de 2024, el límite de deuda aplicable es de US$ 3,424 millones.
No estamos hablando de Cuba.
Estamos hablando de Estados Unidos.
Una de las economías capitalistas más desarrolladas del planeta decidió que proteger temporalmente a una pequeña empresa para intentar reorganizarla es compatible con el capitalismo.
Porque existe una diferencia enorme entre salvar al empresario y salvar la empresa.
Sería intelectualmente deshonesto decir que en Argentina no existe nada.
Tenemos la Ley de Concursos y Quiebras. Tenemos el concurso preventivo. Y tenemos incluso el Acuerdo Preventivo Extrajudicial (APE).
El APE permite que un deudor que se encuentre en cesación de pagos o atraviese dificultades económicas o financieras generales celebre un acuerdo con sus acreedores y posteriormente solicite su homologación judicial. La legislación le reconoce libertad para acordar el contenido que las partes consideren conveniente.
Fuente normativa: Ley 24.522 de Concursos y Quiebras, arts. 69 a 76, según modificación de la Ley 25.589. argentina.gob.ar
Es una herramienta valiosa.
Pero la pregunta que deberíamos hacernos en 2026 es otra:
¿Alcanza con herramientas diseñadas para otra Argentina, otra velocidad de los negocios y otra estructura financiera?
Creo que no.
Necesitamos discutir un régimen específico de reorganización temprana para PyMEs, inspirado en las mejores experiencias internacionales pero diseñado para la realidad argentina.
Un verdadero soft landing empresario.
Una instancia anterior a la destrucción.
Señores diputados y senadores: hace quince años que están mirando
Y acá quiero detenerme especialmente en el Congreso Nacional.
Porque es muy fácil responsabilizar al Presidente de turno.
Pero entre 2011 y 2026 hubo diputados y senadores nacionales de prácticamente todos los espacios políticos relevantes de la Argentina.
Cambiaron el Poder Ejecutivo. Cambió el Congreso. Cambiaron las mayorías. Cambió la oposición. Cambió el ministro de Economía innumerables veces. Cambió hasta el nombre de algunos ministerios.
Lo que no cambió fue nuestra incapacidad para construir un ecosistema institucional moderno para crear, sostener y recuperar empresas.
Quince años son suficientes.
Los diputados y senadores nacionales no fueron elegidos solamente para discutir las leyes que manda el Poder Ejecutivo, levantar o bajar la mano frente a un veto presidencial o protagonizar la pelea política de la semana.
También fueron elegidos para legislar.
Para estudiar. Para comparar sistemas internacionales. Para anticiparse a los problemas.
Para construir instituciones que sobrevivan a los gobiernos.
Y en materia de demografía empresarial, el resultado argentino debería interpelar a todos los bloques.
A los que gobernaron. A los que gobiernan. Y a los que fueron oposición durante todos estos años.
Porque no puede haber desarrollo del capitalismo sin capitalistas, y no puede haber capitalistas sin empresas.
La contradicción libertaria
La contradicción resulta todavía más evidente con el actual Gobierno.
Un gobierno que hizo de la libertad de mercado, la propiedad privada, el capitalismo y la iniciativa empresarial elementos centrales de su discurso debería ser precisamente el gobierno que impulse una profunda modernización de las instituciones destinadas a facilitar la creación, reorganización y continuidad de las empresas.
Sin embargo, mientras discutimos permanentemente cómo liberar mercados,
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