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Lo que tenés que saber:
- Pymes deben presentar hasta 89 declaraciones al año ante ARCA
- Multas por incumplimiento van de $220.000 a $10 millones
- Proponen reducir multas hasta un 80% para microempresas
- ARCA aplicaría multas tras un plazo de gracia de hasta 90 días
En esta nota
Las pymes argentinas enfrentan un nuevo desafío fiscal. La Agencia de Recaudación y Control Aduanero (ARCA) ahora exige que presenten hasta 89 declaraciones juradas al año. Esto representa un aumento significativo respecto a las 25 declaraciones que se requerían anteriormente.
Multas automáticas y su impacto
Las penalidades por incumplimientos en declaraciones ante ARCA oscilan entre $220.000 y $10 millones. Estas multas se aplican de manera automática al detectarse la falta, lo que aumenta el riesgo financiero para las pymes.
El incremento en la cantidad de declaraciones no solo aumenta la carga administrativa, sino también las posibilidades de error, exponiendo a las empresas a sanciones severas.
Propuesta de reducción de multas
Tributaristas han presentado un proyecto de ley a Luis Caputo, buscando reducir las multas en hasta un 80% para microempresas. La propuesta también sugiere eliminar las multas automáticas y otorgar un plazo de gracia antes de su aplicación.
Este proyecto busca establecer una mayor proporcionalidad en las sanciones, considerando la capacidad económica de cada contribuyente.
Plazos de gracia para pequeñas empresas
El borrador del proyecto propone un plazo de gracia de 90 días para microempresas y personas antes de aplicar multas. Para pequeñas empresas, el plazo sería de 60 días, mientras que para empresas medianas se reduciría a 45 o 30 días, dependiendo del tramo.
Estos plazos permitirían a las empresas corregir sus incumplimientos sin enfrentar sanciones inmediatas, aliviando la presión fiscal.
Impacto en pequeñas y grandes empresas
Actualmente, tanto una pequeña empresa como una gran corporación enfrentan sanciones similares por incumplimientos. Esto ha sido criticado por su falta de proporcionalidad, dado que afecta más a quienes tienen menos capacidad económica.
El proyecto de ley busca que las sanciones sean ajustadas a la realidad económica de cada contribuyente, evitando que se conviertan en un obstáculo insuperable para las pymes.
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