ARCA modifica el registro SISA para operadores del agro
ARCA modificó el mecanismo de calificación de riesgo fiscal de los operadores del agro y redefine los plazos informativos dentro del registro SISA. Impacta positivamente respecto de la retención de impuestos dando liquidez al productor, y la consideración en materia cambiaria, pero con pérdida de transparencia en el control estatal.
La medida entra en vigencia desde el 1 de noviembre próximo.
Quiénes están en el mejor nivel desde ahora
Uno de los puntos más relevantes es la ampliación del acceso al «Estado 1», el nivel más beneficioso dentro del registro SISA. A partir de ahora, podrán obtenerlo no solo los contribuyentes con calificación SIPER A, sino también aquellos con SIPER B que mantengan buena conducta fiscal durante 24 meses consecutivos en Estado 2, explica el tributarista Mariano Echegaray Ferrer, y precisa:
Esto significa un alivio concreto para miles de operadores agrícolas, ya que el Estado 1 implica:
- Una retención reducida de IVA,
- El reintegro total de las retenciones sufridas.
- La exención de retenciones de Ganancias en las ventas de granos.
En un contexto de estrechez financiera, este cambio se traduce en mayor liquidez inmediata para el productor y menos presión fiscal sobre las operaciones granarias.
Cómo cambian los plazos para informar
Otro punto clave es la modificación del período de presentación de la Información Productiva 1 (IP1). La nueva ventana de carga será del 1 de septiembre al 31 de octubre, y se deberán declarar:
- Las existencias al 31 de agosto.
- Las superficies agrícolas destinadas a cada cultivo.
Hasta ahora, el régimen obligaba a informar del 1 al 31 de octubre, con corte de stock al 30 de septiembre.
El adelantamiento busca sincronizar el régimen informativo con la realidad agronómica, donde la siembra y cosecha se extienden más allá de los límites tradicionales.
Qué beneficios cambiarios y calificación
La resolución también introduce certezas en materia cambiaria. Se aclara que solo se considerará incumplimiento formal cuando las diferencias informadas por el Banco Central (BCRA) superen el 10% del valor FOB anual o u$s10.000 (lo que resulte mayor).
De este modo, se eliminan penalizaciones por desvíos menores y se da previsibilidad a las operaciones de exportación, un punto sensible tras varios años de controles dispares y sanciones automáticas.
Calificación fiscal: de denunciado a condenado
En el plano jurídico, ARCA introduce un cambio importante en la definición de «incorrecta conducta fiscal» (Estado 3 del SISA).
Hasta ahora bastaba con estar «denunciado» para ser degradado a ese nivel; desde noviembre, solo quedarán comprendidos quienes cuenten con sentencia firme de condena por delitos tributarios, aduaneros o comunes vinculados a incumplimientos fiscales.
Es un avance relevante en términos de seguridad jurídica y respeto por el principio de inocencia: evita sanciones anticipadas y preserva la operatoria de las empresas hasta tanto exista resolución judicial definitiva.
El punto crítico: discrecionalidad en el scoring
No todo son buenas noticias. La resolución elimina un párrafo central de la normativa que establecía que los «parámetros objetivos» utilizados por el fisco para determinar los Estados del registro SISA debían estar publicados en el Anexo III.
Con esta supresión, ARCA queda habilitada a definir internamente y sin publicación previa los indicadores que inciden en la calificación de riesgo.
En la práctica, esto consolida una tendencia que ya se venía observando: notificaciones automáticas de cambio de Estado, sin fundamentos transparentes, basadas en «presunciones operativas» o exigencias no previstas en la norma, como el caso del alta como empleador.
Se han reportado situaciones en las que un operador agrícola que no posee personal en relación de dependencia fue degradado a Estado 3, por no cumplir con esta «presunción de actividad», ajena al marco legal.
Esa discrecionalidad, sujeta a la interpretación de cada funcionario, rompe con el principio de objetividad que dio origen al registro SISA y puede distorsionar la evaluación real del riesgo fiscal del productor.
Así, ARCA avanza en la simplificación y modernización del SISA, reconoce el valor del cumplimiento sostenido y otorga aire financiero a quienes mantienen buena conducta fiscal. Pero también abre un frente de debate sobre la transparencia del scoring y la necesidad de que las reglas sean claras, públicas y previsibles.
«Que el Estado premie el cumplimiento, pero sin perder de vista que la confianza —como la cosecha— se construye con reglas claras y trabajo sostenido», concluye Echegaray Ferrer.
La nota original fue publicada en iProfesional.
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