La decisión del Gobierno nacional de reducir las retenciones a las exportaciones agropecuarias fue bien recibida por el presidente de la Sociedad Rural Argentina (SRA), Nicolás Pino, quien durante su paso por la muestra de La Rural no dudó en calificarla como «una medida acertada». Sin embargo, en su propia explicación, dejó entrever un efecto no deseado: el traslado de esa mejora al precio que paga el consumidor argentino.
Consultado sobre el posible impacto de la medida en los precios internos, Pino fue directo: “Si sube el precio del maíz al bajar las retenciones, el productor recibe un precio más alto y debería vender más caro, pero el bolsillo del consumidor manda”. La frase no pasó desapercibida, porque expone con claridad la tensión entre competitividad exportadora y accesibilidad interna a los alimentos.
Con la rebaja de retenciones, el Gobierno busca dar una señal de respaldo al campo, mejorar el flujo de divisas y dinamizar la producción. Pero esa misma lógica puede tener un efecto inflacionario en la cadena de valor alimentaria: el maíz y la soja no solo se exportan, sino que también son insumos centrales para la producción de carne, leche, huevos y aceites que consumen los hogares argentinos.
Desde la propia visión del ruralismo, lo que se presenta como una mejora en el precio recibido por el productor podría traducirse, en el corto plazo, en precios más altos para el consumidor final. La frase de Pino reconoce ese vínculo directo, aunque lo relativiza en nombre del “bolsillo del consumidor”.
Así, en medio del intento por recomponer relaciones entre el Gobierno y el sector agropecuario, vuelve al centro del debate una pregunta clave: ¿quién paga el costo de las decisiones económicas?
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